"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
COCARMI pide agilidad en el decreto desarrollador de la Ley catalana de Accesibilidad
24/07/2013
El secretario general y el tesorero del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), Enric Botí y Raimon Jané, respectivamente, pidieron esta semana agilidad a los grupos parlamentarios en la aprobación de la Ley catalana de Accesibilidad, así como una reducción de los plazos de aprobación del decreto que desarrolle el reglamento y la creación de un observatorio que permita hacer el seguimiento de su cumplimiento y su actualización.
Botí y Jané hicieron estas peticiones en la Comisión de Bienestar y Familia del Parlament, a la que fueron llamados a dar su opinión en el inicio del trámite parlamentario del proyecto de Ley de la Accesibilidad.
Enric Botí recordó que el proyecto parte de un consenso de origen importante, aunque apuntó que en los últimos diez años han pasado cinco consejeros por el Departamento de Bienestar.
La nueva norma, continuó, debe permitir dejar atrás la Ley 20/1991, de la que subrayó que, a pesar de ser en su momento moderna y pionera en España, con un código de accesibilidad que fue todo un modelo de referencia, se ha quedado ya obsoleta.
Botí señaló que el nuevo proyecto de ley, aunque "pasa de puntillas por el acceso a las comunicaciones", ofrece "modernidad terminológica" sobre la accesibilidad porque habla "de personas en igualdad de oportunidades", huye de conceptos protectores anteriores y da paso a hablar de normalidad.
Botí aprovechó la ocasión para pedir que la nueva ley "se apruebe por unanimidad", ya que con ello saldrá fortalecida su aplicación.
Por su parte, Raimon Jané destacó que la ley será una "herramienta clave" para permitir el acceso a espacios y contenidos no sólo a las personas con discapacidad, sino también a personas mayores, personas con movilidad reducida de forma temporal, etcétera.
Añadió que "hacemos más que una ley" porque "es la materialización de los derechos de las personas" y debe ser un "motor de cambio", ya que antes se hablaba de suprimir barreras y ahora de productos y servicios al alcance de todos. A este respecto, indicó que el nuevo enfoque será a la larga más económico.
"No partimos de cero"
Asimismo, pidió que la ley incluya aspectos formativos, de modo que se inculcan en los estudiantes los aspectos de accesibilidad porque serán los profesionales del futuro que han de poder diseñar productos teniendo en cuenta su impacto ambiental y tener también en cuenta su accesibilidad.
Otra demanda fue aprovechar que "no partimos de cero" y que existe ya un decreto "prácticamente terminado y consensuado", el derivado de los negociaciones iniciadas en 2003, que se puede considerar en el redactado del nuevo decreto de desarrollo de la ley. Este decreto fue fruto de un trabajo muy participativo por parte de entidades de la discapacidad pero también representantes de municipios y entidades sociales, colegios profesionales, etcétera. Por ello, cree que el nuevo decreto se podría aprobar en el plazo de un año y no en los tres que contempla el proyecto de ley.
Por otra parte, Raimon Jané reivindicó la creación de un observatorio de la accesibilidad que sea capaz de recoger datos a partir de las cuales extraer conclusiones sobre el cumplimiento de la ley, así como para detectar nuevas necesidades y permitir su actualización periódica.
Para Jané, la ley debe propiciar la consolidación de las buenas prácticas: "Estamos hablando de una herramienta muy potente y transversal que debe dar salida a los derechos básicos de las personas con discapacidad". Finalmente, y a título de reflexión, recordó que los beneficios de las acciones de accesibilidades (rampas, ascensores, subtítulos...) van mucho más allá de las personas con discapacidad y han mejorado la movilidad de personas mayores y de familias con niños pequeños o el aprendizaje de idiomas. En cuanto al calendario, reclamó una ley "operativa que tenga su decreto como antes".
Junto con Botí y Jané comparecieron, en una sesión que ha duró seis horas, representantes de diversas organizaciones catalanas de la discapacidad, los cuales, además de ofrecer su visión de lo que debe significar la Ley de Accesibilidad, respondieron las cuestiones planteadas por los representantes de los diferentes partidos políticos en la Comisión.
